China es un país que se ha transformado radicalmente en los últimos sesenta años. Desde el nacimiento de la República Popular en 1949 y el periodo maoísta, hasta la apertura económica liderada por Deng Xiaoping, China reacomodó su sistema de producción y economía manteniendo siempre el lineamiento político. Miguel Ángel Hidalgo Martínez, especialista mexicano en políticas públicas y estudios chinos, explica cómo fue este fenómeno. Introducción: el fin del Maoísmo y la reforma económica
El socialismo científico leninista fue adaptado al contexto histórico y social de China por Mao Tse Tung. Desde 1949, cuando triunfó la revolución del Partido Comunista Chino, se comenzó a instaurar un sistema totalitario del Partido – Estado que se amalgamó con una tradición dinástica milenaria y una sociedad campesina jerárquica, en un contexto de recientes invasiones militares extranjeras. La colectivización de la producción agrícola y la industrialización acelerada fueron dos pilares de organización y producción económica sobre los cuales el Maoísmo fincó su proyecto económico.
La extremada concentración del poder político en torno a Mao Tse Tung y la burocratización de la producción provocaron catástrofes humanitarias que terminaron con la viabilidad del socialismo científico Maoísta. Al mismo tiempo, una facción reformista dentro del Partido Comunista Chino ganó espacios y legitimidad sobre el extremismo Maoísta, principalmente la figura de Deng Xiaoping. Desde 1978, el nuevo liderazgo reformista del Partido Comunista Chino comenzó a implementar reformas económicas de apertura y flexibilización de la producción.
El período de reforma en China coincidió con la transformación de los sistemas de producción globales hacia la subcontratación y exportación de capital, período definido como capitalismo tardío, régimen de acumulación flexible o capitalismo postindustrial. En este contexto, frecuentemente se enfatiza en la importancia de la economía de exportación de China, la paulatina privatización de los medios de producción después del Maoísmo y la explotación de la mano de obra china por el capital trasnacional. Sin embargo, la economía política china no está transitando hacia la consolidación del capital privado, la desregulación y el retiro del aparato estatal de producción y acumulación.
La economía de China es dependiente de la inversión en capital fijo, particularmente infraestructura urbana, que es principalmente realizada por empresas paraestatales; esta estrategia de acumulación de capital se ha articulado desde la estructura institucional heredada del Maoísmo y su cristalización está en las mega-metropolis que han emergido especialmente desde la década de los 90s. Shanghai puede verse igual que Nueva York, pero son producto de economías políticas diametralmente distintas. Al inicio de las reformas económicas, la inversión en capital fijo (maquinaria e infraestructura) representaba 294% del producto interno bruto (PIB) de China; en 2011 esta proporción se incrementó al 45,5%. El control del Partido Comunista Chino de la circulación de la tierra, como factor de producción; y el capital financiero, como motor de deuda para financiar construcción de infraestructura, ha hecho posible una acelerada creación y acumulación de capital.
El espacio: dinámicas de uso de la tierra
Las reformas económicas en China desmantelaron las comunas Maoístas y crearon un sistema de producción agraria denominado “sistema de responsabilidad por hogar”. En este sistema, los consejos de aldea otorgaban a cada hogar la responsabilidad de la producción en una porción de tierra, con la posibilidad de extender la producción más allá de la cuota que debían reportar a las oficinas burocráticas locales. Este excedente comenzó a circular, lo que redituó en ganancias para los campesinos chinos, mismas que reinvirtieron en capital fijo y en el desarrollo de otros sectores productivos, como los servicios (Huang, 2008).
Por otro lado, el gobierno central chino creó “zonas económicas especiales” en el sur de China en donde realizó reformas experimentales en el cambio de uso de la tierra para atraer capital extranjero. La tierra que tenía denominación “rural” estaba bajo el control de los hogares campesinos a través de los comités de aldeas; en cambio la tierra que era denominada como “urbana” (con distintos usos, como el industrial, comercial, oficial, etc.) era propiedad de los gobiernos locales en China.
La tierra no circula como bien de producción privado en la economía política contemporánea de China, sino que los gobiernos locales rentan su derecho de uso, transacción que les deja cuantiosas ganancias económicas. En otras palabras, en China no existe la propiedad privada de la tierra. Esta dinámica ha creado una contradicción entre los gobiernos locales y los campesinos chinos: al expandir los límites de la “tierra urbana”, los gobiernos locales expropian cuantiosas proporciones de tierra a los comités de aldeas (Lin, 2009). En otras palabras, se separa a los campesinos de los medios de producción para convertirlos en mano de obra, dinámica que también mantiene los costos de producción bajos y, consecuentemente, aumenta el nivel de explotación.
Los gobiernos locales colectan una renta elevada, al pagar indemnizaciones muy bajas a los campesinos y después vender los derechos de uso de la tierra a precios más elevados. Otra manera en la cual los gobiernos locales incrementan su renta es cediendo el uso de la tierra a las numerosas empresas paraestatales que tienen bajo su control, las mismas que tienen un monopolio de facto en la construcción de infraestructura urbana.
Las dinámicas de conversión del uso de la tierra son heterogéneas, de manera que no solamente convierten a los campesinos en mano de obra, sino que también algunos de ellos se consolidan como una clase capitalista y rentista. Algunos consejos de aldeas negocian con empresas inmobiliarias (muchas veces de propiedad estatal) para establecer co-inversiones: el consejo de aldea pone la tierra y la empresa inmobiliaria el capital financiero. Se emplea a otros campesinos migrantes como mano de obra para construir un bien inmueble, que el consejo de aldea rentará y del cual extraerá ganancias (Hsing, 2010).
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