Un tribunal español ha emitido una orden de arresto por violación a los derechos humanos contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro altos funcionarios: el ex primer ministro Li Peng, el oficial de policía e inteligencia Qiao Shi, el ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet Chen Kuiyan y el ex ministro de Planificación Familiar Peng Peiyun. Los cinco son considerados responsables de un supuesto genocidio contra la población tibetana.
La decisión sigue a la de hace unas semanas, que había acusado al ex presidente de China, Hu Jintao, de genocidio. La decisión tendrá un impacto entre las relaciones diplomáticas de los dos países, y recuerda la historia del antiguo dictador chileno Augusto Pinochet detenido en Londres en nombre de una corte española acusado de crímenes de lesa humanidad.
La Corte española llegó a esta decisión en contra de los dirigentes chinos, de acuerdo a su capacidad reconocida para tener en cuenta los casos internacionales de violación de los derechos humanos, siempre y cuando haya por lo menos un ciudadano español en cuestión. En este caso, uno de los demandantes exiliados, Thubten Wangchen, cumple exactamente este requisito.
Por su parte, el gobierno chino siempre ha reaccionado con dureza frente a estas acusaciones, empezando el 10 de octubre cuando Hu Jintao fue también acusado.
"Nos oponemos firmemente a que cualquier país o persona intente utilizar este tema para interferir en los asuntos internos de China", dijo en la sesión informativa con la prensa extranjera el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.
En la orden de arresto emitida por el juez Ismael Moreno, los demandados son acusados de acciones "para eliminar la existencia de Tíbet a través de la imposición de la ley marcial, la deportación forzada de la población y la eliminación gradual de la población nativa”.
También describe la represión policial y militar en el Tíbet en 1987, 1988 y 1989 y la política de imposición forzada sobre “abortos y esterilización del pueblo tibetano”.
La Audiencia Nacional Española y el juez Ismael Moreno han validado los mandatos "en la base de indicios de participación" en los abusos, y teniendo en cuenta la “responsabilidad política o militar de cada uno de ellos, durante el largo período en que los hechos que se investigan ocurrieron”.
El mandato sigue a una investigación que duró ocho años y se basa en el principio de "jurisdicción universal", que es reconocido solamente por algunos países, e indica que algunos crímenes son de tal magnitud que no pueden ser limitados por los tribunales nacionales. España está entre los países que reconocen este principio.
La investigación se puso en marcha en base a la denuncia presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa.
En la práctica, si Jiang y los otros van a España o a cualquier país que tenga un tratado de extradición con Madrid, podrían ser arrestados. Es muy poco probable que esto suceda, pero es importante reconocer que la historia todavía tiene valor simbólico en cuanto a la cuestión tibetana.
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