El sistema judicial chino abolirá los campos de “reeducación a través del trabajo”, según un documento publicado el viernes por parte del Partido Comunista Chino (PCCh). La decisión fue aprobada en la Tercera Sesión Plenaria del Comité Central del Partido, llevada a cabo la semana pasada.
Este sistema, conocido comúnmente como Laojiao, acoge a los infractores cuyo delito no es catalogado como lo suficientemente grave y por ende no son llevados a juicio. Bajo esta perspectiva, el sistema puede detener a personas durante un máximo de cuatro años sin un juicio público.
Los campos de “reeducación a través del trabajo” fueron originalmente creados en 1957 con el objetivo de “limpiar” a la sociedad de los comúnmente llamados enemigos de clase. Se basan en los campos de reeducación instaurados en la Unión Soviética, que originalmente albergaban menores habitantes de calle y pequeños infractores.
Una de las características del sistema actual es que la policía tiene el poder unilateral de enviar a estos lugares a personas acusadas de delitos relativamente menores –generalmente son utilizados para “reeducar” a personas inmersas en cultos religiosos o políticos adversos a las políticas comunistas-.
Durante años el sistema ha sido criticado nacional e internacionalmente, pues los entes policiales no necesitan pruebas para enviar a los ciudadanos chinos a estos campos. Uno de los casos más sonados fue el ocurrido a mediados del año pasado, cuando Tang Hui, madre de una víctima de secuestro y violación, fue enviada a un campo de reeducación por solicitar reiteradamente penas más severas para los agresores de su hija.
Tang fue puesta en libertad tras una semana de detención, pues medios de comunicación, académicos y el público en general cuestionaron de manera vehemente la legitimidad del sistema.
Ye Jinhuan, activista que estuvo en un campo de reeducación durante 21 meses, señaló que las autoridades siguen utilizando el sistema de detenciones penales y administrativas para recluir activistas acusados de reunión ilegal o alteración del orden público. Aun así, advirtió que el sistema “Laojiao no es sólo una cuestión de la privación de la libertad, es extremadamente cruel”, según afirmó el South China Morning Post.
Muchas voces de protesta han surgido a través de los años en contra de este sistema, pues aparte de ser centros de retención que no necesitan de la aprobación de un juez, las actividades llevadas a cabo al interior de estos lugares van desde maltrato psicológico hasta abuso sexual, según relatos de personas que han pasado por estas instalaciones.
Sin embargo, el gobierno chino ha defendido este sistema, y dicen que el cambio actual no sólo se refiere a la presión internacional, sino a los efectos que este tipo de prácticas han desarrollado. “El sistema de reeducación mediante el trabajo ha cumplido su misión histórica. China tiene un sistema jurídico muchísimo mejor que en años pasados” dijo a la cadena estatal de noticias Xinhua Wang Qiliang, decano asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yunnan.
Ahora bien, uno de los debates emergentes en torno a la abolición de este sistema se refiere a los cambios que tendrá que asumir el aparato judicial chino. El vacío en la norma aún existe, pues no se ha establecido ninguna legislación que señale la forma en que serán tratados estos delitos menores.
Yi Xiangde, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo al China Daily que tanto los tribunales como el gobierno tendrán que emitir nuevas reglas sobre cómo manejar a los delincuentes que eran enviados a estos campos.
“Vamos a necesitar explicaciones judiciales sobre la forma de castigo que se le impondrá a los delincuentes de crímenes menores. El Ministerio de Justicia tendrá que acelerar los programas de corrección inmersos en comunidades para llenar el vacío dejado tras la abolición de los Laojiao", dijo Xi al China Daily.
Pero para la mayoría de observadores, el problema real reside en la manera en que las detenciones se llevan a cabo, pues aún no se establece si las detenciones sin pruebas fundadas continuarán.
"El problema es si el nuevo sistema va a continuar con las detenciones arbitrarias. Si China aprueba una nueva ley que se llame diferente, pero que esencialmente permita la privación arbitraria de la libertad, podría resultar más difícil deshacerse de ella”, dijo al South China Morning Post Nicholas Bequelin, investigador de Human Rights Watch.
Si bien no se han dado las puntadas finales a la norma, el gobierno ha informado que los campos existentes serán transformados en hospitales psiquiátricos, cárceles y centros de rehabilitación y desintoxicación. También indicaron que que a más tardar el sistema Laojiao dejará de funcionar a finales de este año.
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[Crédito foto: South China Morning Post]