Tras la emisión de una orden de arresto contra el ex presidente chino Jiang Zemin, el gobierno español planea cambiar su jurisdicción universal –en la cual un Estado se declara competente para investigar y judicializar autores de crímenes de lesa humanidad, cometidos dentro o fuera de su territorio, siempre y cuando otro país no los haya investigado anteriormente-, ya que durante años le ha suscitado problemas diplomáticos con gobiernos como Estados Unidos, Israel y más recientemente China.
En noviembre, un tribunal español emitió una orden de arresto contra Jiang Zemin y otros cuatro altos funcionarios por genocidio contra el pueblo tibetano. Y en octubre, el mismo tribunal aceptó iniciar una investigación por los mismos cargos contra Hu Jintao.
China siempre ha objetado que el Tíbet es parte de China y por lo tanto todos los sucesos que atañen a esta región son tratados como asuntos de política interna. Por lo tanto, la interferencia de otros países será siempre mal vista por Beijing.
Ya en 2006, con el inicio de la investigación contra Jiang Zemin, el gobierno chino declaró que consideraba las actuaciones judiciales españolas como una “interferencia en sus asuntos internos” además de una “difamación total” de sus líderes políticos.
En el mismo año, el tribunal había accedido a iniciar una investigación contra autoridades chinas por la persecución contra miembros de la secta religiosa Falun Gong, y en 2012 las fricciones aumentaron cuando Gao Ping, un empresario chino acusado de lavar dinero, fue arrestado en Madrid.
Esto ha hecho que las relaciones diplomáticas entre las partes no sean las mejores, y ya Mariano Rajoy -presidente español-, ha cancelado visitas oficiales a China, la más reciente justo antes del inicio de la investigación contra Hu Jintao.
Por otra parte, China es el segundo tenedor de la deuda española en el extranjero –con unos 80,000 millones de euros, algo más del 20% del total-; para el 2012 177,000 turistas chinos visitaron España –lo que representa un 55% más que 2011- y la balanza comercial entre los dos países equivale a 21,400 millones de euros, dato que espera aumentar para el final de 2013.
Ahora, el gobierno español pretende evadir una crisis que puede afectar las relaciones políticas y económicas con China –algo que ya ocurrió con Noruega tras otorgarle el Premio Nobel de Paz al disidente chino Liu Xiaobo en 2010-, pues el cambio en la jurisdicción cancelaría la orden de arresto contra Jiang Zemin además de la investigación contra Hu Jintao.
En el artículo 23 de la norma actual se le atribuye a los tribunales españoles la capacidad de investigar y judicializar delitos de lesa humanidad –entre otros- siempre y cuando “sus presuntos responsables se encuentren en España o existan víctimas de nacionalidad española”, según señala el diario El País de España.
El cambio que se pretende introducir radica en que las víctimas sean de nacionalidad española en el momento del crimen, y en el caso en cuestión, el monje Thubten Wangchen –firmante de la denuncia junto a otras dos organizaciones pro Tíbet- adquirió su nacionalidad después de los hechos denunciados. Por lo tanto, en caso de ser aceptada la modificación, la denuncia carecería de fundamentos jurídicos.
Ya en 2009 la norma había sido alterada, pues anteriormente no se especificaba sobre nacionales españoles, y el tribunal tenía competencia para asumir investigaciones a nivel mundial siempre y cuando los responsables fueran acusados de delitos de genocidio y lesa humanidad –la condena contra Augusto Pinochet por parte del juez Baltasar Garzón fue uno de los casos más sonados antes de la introducción de las reformas-.
Por ahora, el gobierno chino ha hecho saber su malestar al gobierno español a través de su embajador en Madrid y del ministro de relaciones exteriores chinos, quien justo después de la emisión de la orden de captura –anunciada por la Interpol- convocó al embajador español.
Si bien el posible cambio en la norma puede tardar unos meses en entrar en vigor, medios españoles han indicado que España podría perder su estatus como “mejor amigo de China en la Unión Europea”, algo que traería consecuencias catastróficas a la ya golpeada economía ibérica.
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[Crédito foto: tibetnc.org]