Una de las primeras sensaciones que un extranjero descubre al arribar a Beijing es la de estar constantemente observado. La razón no es solo porque su apariencia naturalmente llama la atención entre los locales sino porque las cámaras de vigilancia son omnipresentes. ¿Son estas una herramienta contra la delincuencia o una violación de la privacidad?
Hoy en China se estima que hay entre 20 y 30 millones de cámaras y en Beijing es difícil encontrar un espacio público que no esté monitoreado. Desde el metro y los sitios turísticos hasta los bares y los salones de clase, todo parece estar constantemente vigilado.
Para los observadores de las campañas electorales recientes en las principales capitales latinoamericanas parecería ser la ciudad prometida por prácticamente todos los candidatos. En Lima, Buenos Aires y Bogotá, asolados por la delincuencia común, los votantes reclaman a gritos soluciones y los candidatos ofrecen más y más cámaras. A juzgar por la experiencia china podrían estar en el camino correcto.
Con mil trescientos millones de personas, y con un ingreso promedio entre cuatro y cinco veces menor, China tiene indicadores de homicidios similares a los de Suiza y Japón y significativamente menores a los de otros países desarrollados como Estados Unidos. Pero no es sólo en cuestión de homicidios que la seguridad en China es envidiable.
Según reportes del Ministerio de Seguridad Pública tanto el asalto a mano armada como las violaciones han disminuido de manera constante desde 2002. Por supuesto no todo es atribuible a las cámaras pero las autoridades chinas las identifican como parte esencial de su estrategia y destacan su utilidad para otros temas como las emergencias y los accidentes de tránsito ¿Es creíble tanta maravilla?
Aunque la precisión de las cifras oficiales chinas se puede discutir, la percepción de seguridad que se vive en sus ciudades es innegable y organizaciones multilaterales han corroborado sus importantes resultados en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, estos logros no han sido gratuitos.
Diversos activistas políticos se han quejado de la intimidación ejercida contra ellos a través del uso de cámaras de seguridad. Según ellos, muchas de las cámaras no son usadas para preservar la seguridad ciudadana sino para garantizar que ellos no realicen actividades que incomodan al Partido Comunista como defender los derechos de enfermos de SIDA o dictar clases con contenidos críticos a las políticas del gobierno. Para garantizar que sea así, los chantajean con imágenes privadas o simplemente les hacen saber que todo lo que ellos y sus familias hacen está siendo grabado.
Por otro lado, así no haya motivaciones políticas detrás del uso de las cámaras, vale la pena preguntarse si deben haber lugares libres de vigilancia por parte del gobierno. Por ejemplo, tanto la instalación de cámaras en los salones de la Facultad de Política y Leyes de la Universidad de Beijing como al interior de una iglesia católica en Tianjin han generado controversia ya que tanto los feligreses como los profesores sienten que tienen derecho a ciertos espacios privados.
Qué clase de lugares deben estar exentos de una supervisión constante y qué derechos tienen los ciudadanos a las imágenes que se toman de ellos son preguntas que no han sido debatidas rigurosamente en China pero que sociedades como las latinoamericanas que se precian de ser democráticas deben analizar con cuidado antes de dejarse invadir por cámaras.
La experiencia China sugiere que las cámaras de seguridad son una herramienta supremamente útil para combatir la delincuencia común y aumentar la eficiencia de las autoridades. Sin embargo, también demuestra que su uso excesivo en ausencia de un marco regulatorio claro puede ir en detrimento de las libertades ciudadanas y del derecho ciudadano a unos espacios privados. Encontrar un balance entre esos valores será un reto constante para las ciudades latinoamericanas en el siglo XXI y estudiar la experiencia china les puede ahorrar muchos dolores de cabeza.
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[Crédito foto: npr.org]