El caso de Erwiana Sulistyaningsih abre el panorama internacional sobre la explotación laboral que sufren millones de trabajadores inmigrantes indonesios y filipinos en Hong Kong. A su causa se unieron 5.000 trabajadoras migrantes que piden justicia y una legislación que las proteja Como cientos de migrantes que buscan mejores condiciones de vida y de trabajo, Erwiana Sulistyaningsih llegó a Hong Kong en el 2013 por medio de la agencia indonesia PT Graha Ayu Karsa. Un trabajador de la empresa la recogió en el aeropuerto y la llevó a Tong Ming Street, en el barrio Kowloon, donde viviría con su nuevo empleador.
Ocho meses después, regresó a Yakarta sin poder caminar, con 9 dólares, heridas infectadas en su cuerpo y de inmediato fue trasladada a un hospital de la ciudad donde todavía se recupera.
Erwiana, igual que muchos otros inmigrantes, quería ganar dinero, mantener a su familia y ahorrar para la matrícula universitaria. Hong Kong era la oferta laboral ideal y la agencia supo cómo venderle la idea. Según un reporte de la ONG Amnistía Internacional que se basa en entrevistas a 97 indonesios trabajadores domésticos migrantes, estas agencias engañan a los futuros trabajadores sobre los salarios. Además, confiscan sus documentos de identidad y les exigen una retribución monetaria.
El miércoles pasado, después de más un año de los abusos, la jueza del caso en Hong Kong, Amanda Woodcock, imputó con 20 cargos a Law Wan-Tung, la empleadora de Erwiana, 18 de ellos por lesiones personales. El 27 de febrero se hará pública la condena de estos delitos, los cuales podrían costarle a Law siete años de cárcel.
El caso de Erwiana duró 16 días y fue el primero de este tipo en Hong Kong en ganar atención internacional. En sus declaraciones a la corte Erwiana aseguró que durante los ocho meses que trabajó para Law, su dieta fue una taza de arroz y medio litro de agua, solo podía usar el baño dos veces al día y en una ocasión, cuando fue sorprendida comiendo más que arroz, su empleadora la golpeó tan fuerte que le rompió varios dientes. Jamás recibió pago alguno. Luego de un mes de vivir en esta situación, Erwiana pidió ayuda a la agencia que la trasladó a Hong Kong pero lo único que recibió fue una cuenta de cobro por los servicios prestados y una amenaza de muerte a sus familiares si se atrevían a hablar con las autoridades sobre su situación.
Cuando Erwiana fue inservible para Law, ésta la abandonó en el aeropuerto con un tiquete de regreso a Yakarta.
En abril del 2014, la revista TIME incluyo en una de las listas de las personas más influyentes del mundo, en la sección de “iconos”, a Erwiana describiendo su caso como una inspiración para los cientos personas que sufren el trabajo forzoso.
Según Amnistía Internacional, hoy hay más de 30 mil trabajadores domésticos migrantes en Hong Kong, específicamente de Indonesia y Filipinas. Casi todas son mujeres atraídas por promesas laborales bien remuneradas, pero luego son traficadas por agencias de contratación en condiciones de esclavitud y violencia en Hong Kong.
La ONG denuncia que los gobiernos no protegen a esas mujeres del abuso ni de la explotación. En su informe, titulado Explotados para fines lucrativos, traicionados por el gobierno, la organización asegura que, desde el 2012, el gobierno hongkonés revocó solo dos licencias de estas agencias laborales.
El documento incluye testimonios como el de Lestari, de 29 años, quien aseguró que, cuando llegó a firmar el contrato laboral con una de estas agencias, había otras 30 mujeres más en el lugar. “Me dieron un pedazo de papel escrito en inglés, solo podía leer el número 27 millones. Un hombre del personal me dijo: ‘Tienes que firmar esto’. Firmamos. Luego nos dijeron: ‘Lo que usted ha firmado significa que si usted decide dejar el trabajo nos tiene que pagar 27 millones de rupias (2.700 dólares)”.
"Desde el momento en que las mujeres son engañadas para firmar el contrato de trabajo en Hong Kong, se encuentran atrapadas en un ciclo de explotación, los casos equivalen a la esclavitud moderna", dijo en el informe Norma Kang Muico, investigadora del departamento de Derechos de los Migrantes en Amnistía Internacional.
Informe Amnistía Internacional aquí
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