“Matar a la gallina para asustar a los monos” era una frase comúnmente citada por Mao Zedong. Hoy, se usa para referirse a condenas ejemplares en la República Popular china, que buscan expresar la fuerte posición del gobierno chino en casos de “subversión del Estado”, condena generalmente aplicada a activistas, o en casos de narcotráfico, como fue el publicitado caso del inglés, de ascendencia paquistaní, Akmal Shaikh, ejecutado por tráfico de drogas en China.
Esta vez y como la Cancillería colombiana notificó hace días a sus familiares, la pena de muerte por narcotráfico fue sentenciada para dos colombianos: Harold Carrillo, detenido en Guangzhou en poder de tres kilos de cocaína, y Guillermo Álvarez, detenido en Beijing. Otros 10 colombianos se encuentran presos en China por cargos similares, cuatro condenados a cadena perpetua, dos de ellos a quince años de prisión y cinco se encuentran esperando la condena.
Tradicionalmente, pocos eran los extranjeros ejecutados en China. Hasta hoy, China ha ejecutado a siete extranjeros. El italiano Antonio Riva y el japonés Ruichi Yamaguchi fueron condenados en 1951 por planear el asesinato de Mao Zedong y oficiales comunistas. 58 años después, en 2009, la ejecución del inglés Akmal Shaikh, detenido con 4 kilos de heroína en la provincia de Xinjiang, reinstauró la condena para extranjeros, que fue seguida por la ejecución de un japonés, detenido con 1.5 kilos de estimulantes y tres Filipinos, detenidos cada uno con más de 4 kilos de heroína.
La pena de muerte, según la ley criminal china, en casos de droga es aplicada por una cantidad mínima de 50 gramos. Otras condenas usadas son pena de muerte con suspensión de dos años, cadena perpetua o penas temporales de hasta 15 años.
En lo que va de este año, se ha conocido la condena de 13 mujeres tailandesas, un nigeriano y de una mujer filipina a muerte con suspensión de condena por dos años, por tráfico. La mayoría de las mujeres tailandesas denunciaron haber sido engañadas por sus compañeros africanos, quienes les solicitaron viajar con sus equipajes.
Por su parte, los Filipinos coinciden en haber aceptado ser mulas para una banda filipina de tráfico de drogas de Manila.
El caso de los tres Filipinos ejecutados es el que quizá más se parecen al caso de los colombianos. El Gobierno Filipino insistentemente apeló clemencia –incluso con una visita presidencial a China- explicando la difícil situación económica que vivían cada uno de los condenados, su ignorancia y reconocimiento del error.
En 2006 Filipinas abolió la pena de muerte, y por ende, no acepta la muerte de ninguno de sus connacionales en el extranjero. Sin embargo, ninguna de las solicitudes sirvieron para cambiar el veredicto. Ramón Credo, 42, Sally Villanueva, 32, y Elizabeth Bataineh 38, fueron ejecutados en marzo de este año. Este mismo año, tres casos de Filipinos fueron reducidos de pena de muerte inmediata a pena de muerte con dos años de prueba.
En total, Filipinas enfrenta 205 casos de drogas en China. 73 de ellos enfrentan la pena de muerte con suspensión de la sentencia por dos años, 35 cadena perpetua, 68 penas temporales y 27 se encuentran pendientes. Se calcula que en el mundo entero, casi 500 filipinos enfrentan condenas por narcotráfico, según un comunicado de la cancillería de ese país.
El código penal chino establece que si la persona no comete otro crimen durante los dos años de suspensión y si “realmente ha hecho contribuciones importantes, se puede conmutarle la pena de muerte por la prisión temporal de 25 años después del cumplimiento de dos años”, que en este caso sería una de las últimas esperanzas para los colombianos.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia China ordenó a las cortes menores suspender todos las condenas de muerte por dos años como una iniciativa para reducir las ejecuciones. China es el país que más implementa la pena capital en el mundo.
El Gobierno de Colombia ha ya expresado que no acepta la muerte de sus connacionales y solicitó la reconsideración de la pena. El comunicado añade que aunque existe un tratado entre ambos países sobre asistencia judicial en materia penal, este instrumento no aplica a la extradición.
La Embajada en Beijing reiteró estar actuando en su máxima capacidad, ofreciendo constantemente información a las familias y comunicándose con los presos siempre que puede. En estos momentos la Embajada espera autorización para visitar a los juzgados por parte de las autoridades chinas.
El pasado 26 de junio, día internacional contra el abuso de drogas y el tráfico ilegal de la ONU, el procurador de Beijing anunció que en los últimos tres años, 94 de los 98 casos de tráfico de drogas investigados en la procuraduría de Beijing vinculan a extranjeros, equivalentes al 67% de todos los casos de tráfico de drogas de China. Analistas consideran que esto se debe principalmente a las penas leves que son aplicadas a los extranjeros, así como su facilidad de pasar por aduana.
Sin embargo, la ejecución del inglés Shaikh en 2009 y las que le siguieron son presentadas como ejemplos de que China está buscando enfrentar fuertemente el problema de las drogas, pues el consumo de estupefacientes continua aumentando. El año pasado la policía china detuvo 101,000 sospechosos y enfrentó 89,000 casos de tráfico y distribución de drogas. “Damos el mismo tratamiento a traficantes locales y extranjeros” anunció Jiang Yu, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
El negocio de distribución de drogas en China generalmente es manejado por nigerianos. Precisamente, el año pasado ocho africanos, de diferentes nacionalidades, fueron condenados a pena de muerte y uno a cadena perpetua.
Las drogas más consumidas en China son heroína y metanfetamina. Todos los colombianos fueron encontrados con cocaína, según la Embajada en Beijing. El sudeste asiático continúa siendo el principal sitio de partida de las mulas, sin embargo la decisión judicial de condenar con la pena capital a los dos colombianos parece ser, como decía Mao, un ejemplo para asustar otras fuentes de drogas.
Publicado en El Espectador, Julio 17 2011. Foto IPS News