Mientras continúa la campaña anticorrupción lanzada por Xi Jinping la agencia AP denuncia que muchos funcionarios corruptos o supuestamente corruptos han declarado bajo tortura. En septiembre del año pasado Yu Qiyi un funcionario de la ciudad de Wenzhu al este de China, murió mientras era interrogado bajo tortura.
Yu Qiyi, un ingeniero de 42 años funcionario de la ciudad de fue detenido en marzo del año pasado por sospechas de corrupción en un contrato inmobiliario. Pocos meses despuOés murió ahogado mientras era interrogado. Seis policias fueron arrestados por este caso.
Hace dos años, en julio, Zhou Wangyan y dos colegas de Hunan fueron retenidos durante 184 días y torturados por la policía hasta que fueron obligados a firmar su confesión: palizas, ahogamientos simulados.
Zhao Zuohai , un agricultor de la provincia central de Henan , quien en 2010 fue cuando se descubrió que había pasado diez años en prisión por cargos de asesinato. Pero el supuesto asesinado estaba vivo y gozaba de buena salud. Zhao fue puesto en libertad después de que la presunta víctima compareció ante el tribunal en su mejor forma . Tras fin del juicio, tres ex policías fueron arrestados por cargos de tortura contra Zhao por obligarlo a confesar un crimen que nunca había sucedido .
Otros casos han mostrado la justicia implacable, como en el caso en el que cuatro personas fueron condenados a muerte por el homicidio de 12 marineros chinos en Tailandia. Los minutos finales de estas personas fueron transmitidos en la televisión nacional china.
La crueldad con que fueron asesinadas las víctimas despertó la ira de la población y el gobierno, la opinión pública empezó a discutir los conceptos de “castigo ejemplar” y la aplicación de la pena de muerte luego de ver las imágenes de los criminales escoltados desde sus celdas al patíbulo. "Históricamente , los métodos ilegales, como testimonio obtenido bajo tortura , han desempeñado un papel clave en casi todos los fallos de la justicia ", dijo Zhang Liyong , jefe de la corte central de Henan , mientras que Xinhua reconoce que la tortura es una "preocupación "generalizada , a menudo utilizada por la policía para concluir rápidamente la investigación”. Y los casos se repiten. La campaña anticorrupción lanzada por Xi Jinping necesita de culpables.
En enero de este año el presidente volvió a reiterar su discurso de compromiso de lucha contra la corrupción. "Evitar que el Partido se corrompa durante su gobierno a largo plazo del país es una misión política de gran importancia. Y debemos llevarla a cabo de manera correcta", dijo el presidente en un discurso en la tercera sesión plenaria de la Comisión Central de Control Disciplinario (CCCD) del PCCh. "Cada funcionario del PCCh debe tener en la mente que se atrapará a cualquier mano negra. Los funcionarios de alto rango deben mantener el temor sobre la disciplina del Partido y no correr riegos", agregó.
En 2013 se sancionaron a unos 182.000 funcionarios en todo el país, un 13,3 por ciento más que en 2012, según el medio oficial Xinhua. El mismo medio agrega que el Partido investigó a 31 funcionarios de alto rango. "La corrupción es una enfermedad que exige medicamentos fuertes" dijo el presidente en el citado discurso. La otra cara de esta lucha contra la corrupción es el abuso en contra de los funcionarios acusados.
Para poner un freno a estos casos y por presión de las organizaciones de los derechos humanos el año pasado el Tribunal Popular Supremo de China ( SPC) estableció la semana pasada que se excluirán los procesos de las pruebas y testimonios obtenidos por el uso de la tortura. En un documento publicado por la Corte dice que la medida está dirigida a la obtención de una justicia más equitativa. Así se excluirán los métodos tales como la exposición a temperaturas extremas a los acusados , el hambre y la fatiga.
El fin de la tortura, junto con el fin de los campos de concentración son dos de los puntos más reclamados por las organizaciones de derechos humanos. Los campos de “reeducación a través del trabajo”, serán abolidos según se publicó en un documento redactado durante el Tercer Plenario del Comité Central del Partido. Este sistema, conocido como Laojiao, acoge a los infractores cuyo delito no es catalogado como lo suficientemente grave y por ende no son llevados a juicio. Bajo esta perspectiva, el sistema puede detener a personas durante un máximo de cuatro años sin un juicio público.
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