El gobierno chino no está tomando ningún riesgo en el año en que se decidirá la transición en el liderazgo del país que ocurre una vez cada diez años. Esta semana Ni Yulan, una reconocida activista contra las demoliciones forzadas de viviendas, fue sentenciada a dos años y ocho meses de prisión por “crear disturbios” y por “fraude”. Una nueva señal de que China no tolera la disidencia y una nueva carga contra los activistas de derechos humanos, un año y medio después del Premio Nóbel de Paz a Liu Xiaobo.
La abogada de derechos humanos Ni Yulan, en silla de ruedas como consecuencia de las torturas sufridas en prisión hace un par de años, fue condenada a dos años y ocho meses de prisión por “promover la inestabilidad" y "la destrucción de la propiedad pública y privada".
La abogada, que se opuso a las evicciones forzadas en Beijing previo a los Juegos Olímpicos de 2008 y quedó en muletas debido a las golpizas que le propinaron mientras estaba detenida en esa época, fue condenada además por no haber pagado 11.000 dólares en tarifas hoteleras, después de que -tras ser liberada- se hubiese visto obligada a vivir en un hotel a causa de la demolición de su casa y las trabas que encontró para rentar otra vivienda. Su marido fue condenado a dos años de prisión por cargos similares.
No es la primera voz crítica de la sociedad civil que encuentra dificultades en los últimos meses. Desde que China ha copado la atención del mundo -primero con los Olímpicos, luego con su exitosa respuesta a la crisis financiera global y ahora con su posible rescate de una endeudada Europa- tienen cada vez menos espacio las voces que advierten sobre el pobre récord de derechos humanos de Beijing. Y precisamente desde que hace año y medio Liu Xiaobo fue galardonado con el Premio Nobel de Paz, Beijing ha reanudado su vigorosa ofensiva contra los activistas de derechos humanos en el país, anulando efectivamente cualquier posibilidad de ‘Revolución Jazmín’ en un año marcado por las protestas ciudadanas mundiales.
A la controversia diplomática tras el premio entregado a Liu y la detención del artista Ai Weiwei el año pasado se han sumado decenas de casos en los últimos meses. Chen Guangcheng, “el abogado ciego”, se encuentra todavía bajo detención domiciliaria a pesar de haber cumplido ya su condena de cuatro años por “daños a la propiedad y disturbios al tráfico”.
Cientos de amigos del abogado –quien se dio a conocer por sus denuncias de abortos forzados y esterilizaciones a mujeres-, así como periodistas extranjeros, diplomáticos occidentales y ciudadanos comunes -como el actor galés Christian Bale- han hecho el viaje hasta el pueblo en la provincia de Shandong donde Chen permanece arrestado sin acceso a Internet ni al teléfono, en lo que ha comenzado a llamarse la ‘Operación Liberen a Chen Guangcheng’. Y aunque ninguno de sus visitantes ha conseguido visitar al disidente, siendo interceptados y atacados por personas desconocidas antes de llegar a su casa, la iniciativa –difundida en las redes sociales- sigue cogiendo fuerza y los viajes se han multiplicado.
O el abogado Gao Zhisheng -detenido desde hace un año y medio en XInjiang- fue “reenviado” a prisión por “violar su libertad condicional”, pese a que no se sabe exactamente por qué.