La política como sombra de la justicia: el caso de Gu Kailai a la luz del estado de derecho en China

In by Simone

El pasado lunes, un tribunal de la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui dictó sentencia en contra de Gu Kailai por la muerte del empresario británico Neil Heywood en noviembre pasado, condenándola por el delito de homicidio intencional. Sobre la prestigiosa abogada y esposa del destituido Bo Xilai recayó la pena capital, pero con el beneficio de la suspensión de la ejecución de la misma por un plazo de dos años (dependiente del comportamiento que presente durante dicho plazo). La referida resolución, que viene a poner término a uno de los juicios más emblemáticos de las últimas décadas en China, merece una serie de comentarios, especialmente en lo que se refiere al fuerte y evidente contenido político del juicio, y a la forma en la que este elemento se relaciona con el estado de derecho del país asiático.

El estado de derecho en la Constitución china

“Cuando la investigación de la muerte de Heywood fue por primera vez anunciada el día 10 de abril, el informe oficial señaló: China es un país socialista sujeto al estado de derecho. La dignidad y poder de la ley no pueden ser pasados a llevar”, decía la prestigiosa revista económica y semi-independiente Caixin en su artículo “The Bogu Kailai Case, Underwritten by Privilege”.

Asimismo, en varias ocasiones a lo largo de su mandato (y en especial en diversas apariciones el presente año), el Presidente Hu Jintao y el Premier Wen Jiabao han puesto gran énfasis en la existencia de un verdadero estado de derecho en China, el respeto a la igualdad ante la ley de sus ciudadanos, y la importancia de una correcta aplicación de la justicia.

¿Sin embargo, qué consagración jurídica expresa tiene la legislación china de los principios fundamentales de todo estado de derecho?

Del análisis de la Constitución de la RPC (siendo la norma jurídica de mayor jerarquía), podemos señalar que efectivamente su texto recoge una serie de los elementos esenciales de todo estado de derecho, dentro de los cuales podemos destacar las siguientes disposiciones:

Artículo 5º:
El Estado garantiza la uniformidad y dignidad del sistema legal socialista.
Ninguna ley, disposición administrativa o reglamento de carácter local puede contravenir la Constitución.
Todos los órganos del Estado, las fuerzas armadas, los partidos políticos y organizaciones públicas, empresa e iniciativa deben observar la Constitución y las leyes.
Todo acto en contravención a la Constitución o la ley deben ser investigados.
Ninguna organización o persona tiene el privilegio de estar por sobre la Constitución o la ley.

Artículo 33º:
Es ciudadano de la República Popular China todo el que haya adquirido la nacionalidad de la misma.
Todos los ciudadanos de la República Popular China son iguales ante la ley.
Todos los ciudadanos gozan de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes y, al mismo tiempo, deben cumplir con los deberes contenidos en las mismas.

Los artículos 5º y 33º citados vienen a consagrar principios esenciales de todo estado de derecho, a saber: el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual todo el ordenamiento jurídico debe estar en armonía con lo señalado en la constitución, y la exigencia de que todo actuar, ya provenga de un órgano del estado o particular, debe someterse a ella; el principio de control, a través del cual todo acto en contravención a la constitución o la ley deben ser investigados (sin perjuicio de ser una declaración incompleta al no establecer la norma una mención a la responsabilidad); y el derecho a la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad en el trato a las personas que deben los órganos cuya misión es la de aplicar la ley.

En definitiva, podemos señalar que en el caso en análisis el sistema judicial chino dio plena aplicación a los principios que sus máximas autoridades le atribuyen a su ordenamiento jurídico, condenando a una persona no en consideración a sus influencias o conexiones, sino que únicamente teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos a la luz de los preceptos legales vigentes del derecho chino.

¿Sin embargo, es posible concluir que la decisión en cuestión representa un fenómeno generalizado o uniforme del estado de derecho en China?

La Interdependencia entre política y derecho

Antes de responder la pregunta formulada, debemos definir el concepto que se presenta como idea central del problema: el estado de derecho.

Sin olvidar la íntima relación que existe entre el derecho y la cultura, y la forma en la que esta última puede influir en el contenido de los conceptos utilizados de forma transversal en los diversos países y sistemas, creemos que estamos en condiciones de llegar a un cierto consenso en lo que a estado de derecho se refiere, por la forma en que las normas jurídicas chinas lo han consagrado (indirectamente) en su legislación, y, sobre todo, por la referencia directa que hacen de él las máximas autoridades al tener contacto con la comunidad internacional. ¿A qué otro estado de derecho podrían estarse refiriendo cuando señalan que China goza efectivamente de un sistema que lo consagra y respeta?

“El estado de derecho es aquella Nación-Estado o Estado-Sociedad en que impera un sistema jurídico justo, cuya aplicación es objetiva e impersonal, igualmente vinculante para gobernantes y gobernados y en el que, por lo mismo, ninguna arbitrariedad queda ni puede resultar sin sanción. En él, el poder o soberanía se hallan sometidos al Derecho”, dice el Derecho Constitucional Chileno de José Luis Cea (Tomo I, Segunda Edición Actualizada, Ediciones Universidad Católica de Chile).

De la citada definición, aparece de manifiesto una exigencia sustancial a la hora de referirnos al estado de derecho: la separación de poderes. La aplicación del derecho, sólo puede ser justa en la medida que sea igualmente obligatorio para gobernantes y gobernados, y dicha igualdad sólo puede lograrse a través de una ausencia de interferencia de la vida política en las decisiones de los tribunales.

Si bien, en el caso de Gu Kailai se trató de una decisión que aparentemente sólo tomó en cuenta los ideales de la justicia, no podemos sino plantear la duda de las innumerables conexiones que este juicio tuvo con una serie de conflictos dentro de la cúpula del gobierno chino (en especial con el misterioso término de la carrera política de Bo Xilai).

Pareciera ser que la decisión del tribunal de Hefei, además de estar motivada por los hechos del caso, tuvieran una connotación política cuyas dimensiones nos es realmente difícil abarcar, debido al hermetismo con que usualmente se tratan este tipo de asuntos en China.

No sabemos cuál habría sido el destino de la condenada si la figura de Bo no hubiera aparecido como un factor vinculante al caso, ni menos si Wang Lijun no hubiera solicitado asilo político en el consulado de Estados Unidos.

En conclusión, el principal problema para determinar si efectivamente existe un respecto generalizado al estado de derecho en china radica en que la política se ha constituido como una sombra inseparable de la justicia, siendo realmente imposible determinar si las decisiones son fruto de una deliberación independiente e imparcial de los jueces, o provienen de la necesidad de satisfacer intereses políticos para el común de las personas desconocidos.

El estado de derecho no consiste en una mera proclamación de principios, valores y normas, sino que es una entidad viva, cuyo nacimiento sólo se verifica a través de una verdadera vigencia y aplicación de sus disposiciones.

Ignacio Tornero Ochagavía es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex alumno de la Universidad de Nanjing en China.



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