Gao Yu, una galardonada periodista china, fue sentenciada y encarcelada en abril del año pasado por “filtrar secretos de Estado a una organización en ultramar”. Sin embargo, la veterana de 71 años apeló ante un tribunal de Beijing y, a pesar de que la corte mantuvo su veredicto de culpabilidad, le redujo la sentencia de siete a cinco años, y le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.
Desde que Gao fue detenida en el 2014 por haber entregado una circular oficial secreta, conocida como “Documento número 9”, a un medio estadounidense, varios gobiernos y activistas de derechos humanos alzaron voces de protesta argumentando que el documento no debía ser considerado un secreto de Estado, y que el Partido Comunista estaba cometiendo una seria violación de derechos humanos.
“Muchos gobiernos extranjeros le han dado importancia a este caso y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado esta sentencia, manifestando que ella no cometió ningún crimen”, dijo William Nee, investigador de la oficina de Amnistía Internacional en Hong Kong. “Fue obligada a dar una confesión forzada en televisión nacional, mientras su hijo se encontraba detenido por las autoridades”.
Sin embargo, el discurso chino es completamente diferente, y defiende a capa y espada que Gao traicionó a la patria y que ningún chino habría cometido un acto tan grave. Desde los medios, el Partido Comunista ha criticado enfáticamente el cubrimiento de los periódicos extranjeros.
“Sin importar el crimen que alguna persona cometa, ante los ojos de los medios occidentales los individuos inmediatamente se convierten en luchadores de los derechos humanos o en mártires de la libertad de expresión”, publicó el Global Times, uno de los periódicos más nacionalistas de China, en una editorial posterior a la condena de Gao.
Mo Shaoping, uno de los abogados de Gao, dijo que “la condena fue reducida gracias a que ella admitió su culpabilidad”. Sin embargo, la decisión también pudo haber sido provocada por la fuerte presión internacional que se ha ejercido por la liberación de Gao.
Desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder a finales del 2012, el gobierno ha perseguido a cientos de defensores y activistas de derechos humanos. En los últimos dos años, ha llevado a cabo ofensivas en contra de seguidores del movimiento hongkonés prodemocracia #OccupyCentral, abogados de derechos humanos, y estudiantes del Movimiento Nuevos Ciudadanos, por citar los casos más renombrados.
El estado de salud de Gao parecía estable cuando salió de la corte el martes, fecha en la cual inició el proceso de apelación. Sin embargo, sufre de hipertensión y del síndrome de Menière, lo cual sirvió para que el tribunal aliviara su condena y le diera casa por cárcel.
“Pero el hecho es que nunca debió ser encarcelada”, manifestó Nee, de Amnistía Internacional. “Y continuaremos haciendo un llamado por su liberación inmediata e incondicional”.
[Crédito foto: SCMP]
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